La Constitución Española cumple 40 años de vigencia, la gran Carta Magna trajo la modernidad a España, libertades a sus ciudadanos y un marco normativo sólido a sus instituciones, la base sobre la que nuestro país ha construido un Estado democrático y de Derecho estable. Bajo cuyo manto hemos consolidado un modelo territorial en el que los Gobiernos Locales hablamos con voz propia.
El 6 de diciembre de 1978, con su respaldo al texto constitucional, los ciudadanos manifestaron su voluntad de abrir una nueva etapa, de vivir bajo un sistema diferente, de contar con vías para mostrar su opinión y de tomar parte en los destinos de su país. Una de esas vías se abrió para hacerlos partícipes del devenir de sus espacios más próximos: los municipios.
El artículo 137 de la Constitución Española, el primero de los que forman parte del Título VIII sobre la organización territorial del Estado, subraya que “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”.
El reconocimiento de los Gobiernos Locales, “municipios y provincias”, como parte de esa organización, en pie de igualdad con las Comunidades Autónomas, es el punto de partida de un derecho, el de la autonomía local, que la propia Constitución garantiza de manera expresa en el artículo 140, al decir que “la Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena”, y añadir que “Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto”.
Al conmemorar la Constitución de 1978 celebramos el progreso de España, un progreso al que las entidades locales han contribuido de manera decidida desde la proximidad de los ciudadanos.
Pero en un año tan importante para la lucha por la igualdad de las mujeres, queremos destacar que la Constitución de 1978 marcó un auténtico punto de inflexión en el reconocimiento de los derechos de todos los españoles y, por fin, también en el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
La Constitución de 1978 abrió una puerta para que la legislación española garantizara el mismo trato a mujeres y hombres. Antes de su aprobación, las leyes españolas establecían la dependencia absoluta de la mujer hacia el hombre.
Existen numerosos ejemplos para ilustrar la situación de las mujeres en un pasado relativamente reciente:
“Hasta 1981 las mujeres debían pedir permiso a su marido para poder trabajar, cobrar su salario, ejercer el comercio, abrir cuentas corrientes en bancos, sacar su pasaporte, el carné de conducir…
La mujer casada seguía la condición de su marido en cuanto a su nacionalidad y vecindad civil.
El marido podía disponer de los bienes comunes sin su consentimiento, con la sola excepción de los inmuebles y establecimientos mercantiles.
Hasta el año 1981 la mujer soltera se equiparaba al menor y no podía abandonar la casa sin el consentimiento paterno.
Otro ejemplo de la situación de la subordinación de las mujeres, lo constituye el hecho de que el adulterio de la mujer constituyera causa legítima de separación para el hombre en cualquier caso, sin embargo, en el caso del marido, solamente cuando existiera escándalo público o menosprecio para la mujer.”
La Constitución fue aprobada en consulta popular y en ella se define la igualdad como un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, haciendo referencia explícita en el artículo 1.1. y el 14.
Artículo 1.1.- “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
Artículo 14.- “los Españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Además, la Constitución Española, en su artículo 9.2. insta a los poderes públicos a diseñar y poner en marcha las medidas necesarias para que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad:
“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impida o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica y social.”
La Constitución Española de 1978, proclamó en sus páginas la igualdad ante la ley indiferentemente del sexo de las personas. A partir de entonces, las mujeres pudieron comenzar a ostentar profesiones hasta ahora destinadas a los hombres, como la de maquinistas de trenes, por ejemplo, admitidas por Renfe un año después. Sin embargo, para algunas profesiones aún hubo que esperar: las primeras mujeres en entrar al ejército, no lo hicieron hasta 1988. Eso sí, todo este cambio no implicó que la igualdad se trasladase también al panorama económico, pues a día de hoy las mujeres seguimos percibiendo menos salario que los hombres en algunos sectores, a pesar de realizar la misma función.
Apostamos por el futuro, como hicieron los constituyentes del 78, es necesario enriquecerla y adaptarla a una estructura social e institucional que cuente con nuevos instrumentos, nuevas perspectivas y nuevas necesidades. Los cambios deben ser obra de todos y para todos y deben nacer del más amplio consenso. Pero también somos conscientes de que hace falta un generoso espíritu de pacto y voluntad de concordia, como el que demostraron aquellos que alumbraron la Carta Magna hace ahora 40 años y si lo trasladamos al terreno local, como el que se vivió en el Compromiso de Caspe, hace más de 600 años.
Desde el Ayuntamiento de Caspe queremos celebrar el 40º Aniversario de la Constitución Española rindiendo homenaje a todos los españoles que, guiados por este texto, han optado con sabiduría por la democracia y el Estado de Derecho.
