El 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Las Naciones Unidas la definen como, “el traslado de personas de un lugar a otro dentro de las fronteras de un mismo país o hacia el exterior con fines de explotación, en su mayoría explotación sexual, laboral o para mendicidad. Las víctimas son engañadas, coaccionadas y violentadas, como consecuencia, fundamentalmente, de su extrema vulnerabilidad”.
Se estima que 2,5 millones de personas en el mundo son víctimas de trata y explotación, aunque es complejo conocer la cifra real porque todavía ésta constituye una realidad poco abordada y muy invisibilizada. Además, se estima también que, por cada víctima de trata identificada como tal, hay veinte más no identificadas.
La mitad de las víctimas de trata son menores de 18 años y dos terceras partes de las víctimas identificadas son mujeres. El porcentaje de mujeres y niñas víctimas de trata se dispara cuando hablamos de explotación sexual. Las personas migrantes y refugiadas también están en el punto de mira como potenciales víctimas por su extrema vulnerabilidad.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, uno de los retos pendientes de la trata de personas es medir su magnitud real en un mercado ilícito que se confunde con escenarios lícitos. Aunque existe normativa internacional, supranacional y nacional, inclusive se han impulsado protocolos de coordinación al respecto en algunas regiones, como Aragón, todavía la trata de personas constituye una realidad muy invisibilizada, pese a constituir una forma de esclavitud moderna.
Es fundamental trabajar en la prevención y sensibilización social ante esta forma cruel de esclavitud, y para ello desde el servicio de inmigración del Gobierno de Aragón, en la presente legislatura, nos comprometemos a trabajar desde diferentes ámbitos: la formación, fundamentalmente de profesionales; la sensibilización social, mediante campañas y acciones divulgativas; la elaboración de materiales didácticos y el apoyo a las entidades sociales que están trabajando con esta realidad.
Por otro lado, desde el servicio de cooperación al desarrollo vamos a reforzar las acciones de prevención y el abordaje integral y especializado, a través del nuevo Plan Director de la Cooperación aragonesa para el Desarrollo (2020-2023), que constituye la hoja de ruta de las políticas de solidaridad internacional de Aragón, y que incorpora esta línea como una prioridad de la cooperación aragonesa para el desarrollo. Se refuerza, así, una trayectoria de trabajo que ha cristalizado con una aportación económica de 2.038.796,87€ desde 2003.
En definitiva, desde la Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración del Gobierno de Aragón vamos a trabajar en la visibilización de esta cruenta realidad, en la sensibilización de toda la sociedad aragonesa ante los efectos perversos de la misma, en la colaboración con las entidades sociales que desarrollan proyectos en la materia y en la dotación de herramientas formativas para las y los profesionales que trabajan con esta realidad.
