El pasado lunes 9 de mayo se ha celebrado en Caspe la sesión ordinaria de la Junta Local de Seguridad en la que se analizó la seguridad ciudadana en la localidad.
El Subdelegado del Gobierno en Aragón, Fernando A. Beltrán Blázquez y la Alcaldesa de Caspe, Pilar Mustieles, presidieron la Junta Local de Seguridad acompañados de representantes de la Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional y miembros del equipo municipal.
En el orden del día de la junta, el primer paso para la entrada de la Policía Local en el sistema VIOGEN, consistente en marcar las pautas a seguir para la adhesión del Ayuntamiento de Caspe al protocolo de colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de la Policía Local para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género, suscrito entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias.
En cuanto al análisis de la seguridad ciudadana, la incidencia y tipos de delitos cometidos es muy similar al año anterior, destacando que la tasa se encuentra por debajo de la media estatal y autonómica. Se ha señalado el aumento de los pequeños delitos relacionados con estafas por internet, difíciles de resolver porque el origen está localizado en otros países.
Con la puesta en común los temas tratados durante la reciente Mesa de Trabajo de la Campaña Agrícola, se ha señalado la necesidad de contar con mayor número de efectivos para la vigilancia y control de la afluencia de trabajadores temporeros durante este periodo, en previsión de las dificultades que se pueden presentar, ya que las necesidades de contratación en las fincas locales se han visto bastante reducidas con motivo de la afección por las heladas a los frutales de la zona.
Otro tema planteado por Pilar Mustieles, ha girado en torno a las dificultades que tienen las localidades como Caspe para cubrir y estabilizar sus plantillas de Policía Local y ha demandado la necesidad de modificar la normativa. Para ello, se incide en la necesidad de unificar las convocatorias de oposición, de modo que se asegure que los nuevos agentes cumplan un periodo mínimo de permanencia en las localidades de destino, tras la toma de posesión de sus plazas.
