En las últimas semanas, el ayuntamiento de Caspe ha expresado su creciente preocupación por la inseguridad que afecta a la localidad, manifestando la necesidad urgente de refuerzos en la seguridad pública.
Tenemos un ambiente de desasosiego y temor en la comunidad provocada por una serie de robos en comercios, establecimientos y bares que se han producido de manera reiterada.
La situación se ha visto agravada por la facilidad con la que han regresado a las calles las personas detenidas por estos delitos, lo que refleja una legislación insuficiente para sancionar adecuadamente los hurtos. Por esto, es fundamental que el Estado Español instaure un marco legal más severo que castigue adecuadamente estos actos delictivos en función de su gravedad, frecuencia y repercusión social.
“La seguridad es un derecho fundamental que debe garantizarse y es necesario que las leyes se endurezcan para proteger a los ciudadanos”. Afirma Ana Jarque alcaldesa de Caspe.
La competencia en materia de seguridad ciudadana corresponde directamente a la Guardia Civil, institución encargada de velar por la protección y el bienestar de los ciudadanos. A medida que la población aumenta, también lo hacen las necesidades en términos de vigilancia y protección, por ello, solicitamos de manera reiterada un incremento en la dotación de guardias.
El cuerpo de la guardia civil dispone de una cobertura casi completa en cuanto a plazas, sin embargo, esto no ha demostrado ser suficiente para hacer frente al aumento de la delincuencia local.
A lo largo de los últimos 20 años, la población ha crecido más de un 30%, lo que equivale aproximadamente 3.500 nuevos residentes. Sin embargo, la plantilla o cupo de la guardia civil no ha experimentado un incremento que se corresponda con este crecimiento poblacional, resultando una cobertura escasa. Una patrulla (un vehículo y dos agentes) para todo el partido judicial.
Para abordar esta problemática conocida desde años atrás, el ayuntamiento de Caspe ha solicitado formalmente al Ministerio del Interior refuerzos y un aumento en el número de efectivos destinados al puesto de la guardia civil en la localidad. De manera específica, se necesita un incremento mínimo de 10 agentes, con el fin de garantizar una respuesta adecuada y eficiente ante la creciente ola de robos y otros delitos.
Adicionalmente, la llegada de migrantes irregulares a España ha complicado aún más la situación, ya que muchos de ellos buscan zonas alejadas de las grandes ciudades donde puedan pasar desapercibidos.
El ayuntamiento también ha demandado la apertura de una oficina de la Policía Nacional dedicada a extranjería, con la esperanza de poder gestionar mejor las situaciones relacionadas con la inmigración ilegal. No obstante, hasta la fecha, no se ha recibido respuesta a estas solicitudes, lo que ha aumentado la frustración y la sensación de abandono por parte de las autoridades competentes.
“Los caspolinos no pueden seguir esperando respuestas que nunca llegan. La falta de acción no solo repercute en la seguridad, sino también en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Necesitamos atención inmediata a estas demandas”.
La preocupación por la seguridad ciudadana en Caspe se ha vuelto insostenible. Los ciudadanos vivimos con miedo a salir a la calle, a abrir negocios y a disfrutar de la vida diaria sin temor a ser víctimas de un delito.
El equipo de gobierno ha reiterado, en numerosas ocasiones, la importancia de una respuesta adecuada a los problemas de inseguridad existentes. La falta de comunicación y acción por parte de las entidades solicitadas ha dejado a la población en una situación de incertidumbre.
Ante esta alarmante situación, el ayuntamiento de Caspe continúa instando a la Delegación de Gobierno y al Ministerio del Interior a actuar con inmediatez y determinación para asegurar que Caspe pueda volver a ser segura.